Entrevistados afirman que no hay combate real, exigen formalización y advierten corrupción e incumplimiento de normas.

En una reciente encuesta sobre si la población de Puno estaba de acuerdo con las medidas extraordinarias que el Gobierno impuso contra la minería ilegal, Rogelio Pacompia manifestó su rechazo a las medidas extraordinarias del Gobierno frente a la minería ilegal. “Tiene que haber ciertos niveles de formalización y el Gobierno se está olvidando”, afirmó. Además, señaló que hay otros problemas que no están siendo atendidos. “Hay muchos problemas que tenemos en medio ambiental, de recursos hídricos, residuos orgánicos. Falta una línea de reglas claras”. En cuanto a la respuesta estatal, aseguró: “No les han dado los lineamientos claros y precisos”.

Jesús Ibarra también expresó su desacuerdo. “No, no estamos de acuerdo porque la minería ilegal está trabajando sin pagar ningún impuesto”, declaró. Consideró que la formalización es el camino correcto: “Si hay alguna ley que ha salido, deben formalizarse, es lo más loable para que no tengan ninguna clase de problemas”. En esa línea, remarcó: “Hay que combatirlas, pero tienen que formalizar ese plan para que no estén corriendo ninguna clase de riesgos”.

Roberto Quinto calificó el tratamiento del Gobierno como cómplice. “La minería ilegal tiene sus manejos, especialmente políticos”, afirmó. Denunció que “los congresistas son parte de la minería informal, favorecen con esos proyectos gigantes”. En cuanto a la evasión fiscal, aseguró: “La minería informal o artesanal prácticamente no aporta al erario nacional, sino escapa a otras repúblicas, concretamente a Bolivia”. Además, dijo: “No se combate porque no hay los medios necesarios. La policía y las entidades que están llamadas a frenar la informalidad están metidas dentro de esa cúpula y se hacen a la vista gorda”.

Guillermo Eloy también se pronunció en contra del sistema actual. “No debería haber ese famoso Reinfo”, dijo, y criticó la falta de acción en la región. “No,que yo vea, por Sandia no se combate”. Por su parte, Ismael Candia señaló que las normas existen, pero no se aplican correctamente. “No me parece tan correcto, porque no hay una efectividad del cumplimiento de esas normas como debe ser”, comentó.