POR CÉSAR PRADO. IDLR.  Una ley con nombre propio abrió las puertas para que los militares y policías en retiro que hoy se desempeñan como congresistas, perciban remuneración y pensión del Estado al mismo tiempo. Los beneficiados están a la cabeza del plan para destituir a miembros de la Junta Nacional de Justicia.

El vicealmirante en retiro y actual congresista, Jorge Montoya (Renovación Popular), es el autor de la denuncia constitucional con la que se pretende destituir a seis de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Montoya acusa a la magistrada Inés Tello de Ñecco de haber superado el límite de edad para ejercer el cargo, y a otros cinco miembros de beneficiarla al mantenerla entre sus filas.

Luego de superar la votación necesaria en la Comisión Permanente, la moción se debatirá este 7 de marzo en el Pleno.

El vicealmirante en retiro José Cueto, colega de bancada de Montoya, respalda esta posición. El 20 de febrero pasado, anticipándose a los resultados de la votación, Cueto envió un oficio al Defensor del Pueblo –quien preside la Comisión Especial para la elección de los miembros de la JNJ– solicitando información sobre las acciones a tomar frente a una posible destitución de los miembros de la JNJ.

Por otro lado, Roberto Chiabra, general en retiro del Ejército y congresista (independiente), está jugando su propio partido. A fines del año pasado, presentó un proyecto de ley para otorgarle al Congreso la facultad de destituir a jueces y fiscales supremos que incurran en faltas graves, una atribución exclusiva de la JNJ.

Además, de acuerdo con su declaración jurada de intereses de 2023, Chiabra es suegro de Aníbal Quiroga, el abogado que defendió a la suspendida fiscal de la nación Patricia Benavides en una demanda ante el Tribunal Constitucional. Esta demanda, casualmente, también buscaba recortar facultades a la JNJ.

José Williams (Avanza País), otro general del Ejército en situación de retiro, ha sido históricamente más cauto en sus opiniones que sus colegas. Sin embargo, en las últimas semanas ha opinado a favor de un proyecto de ley presentado por la congresista Gladys Echaíz que busca fusionar a la JNJ con la Academia de la Magistratura.

Echaíz propone que el consejo directivo de la nueva institución esté integrado por representantes de las universidades, tal y como operaba el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura. Además, pretende quitarle a la JNJ la facultad para elegir a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec).

Pero un pasado en cuarteles y su animadversión por la JNJ no es lo único que comparten estos personajes. La historia que se presenta a continuación relata la operación por la cual lograron cobrar del Estado pensiones de jubilación y sueldos de congresistas, torciendo la ley a su favor con la ayuda protagónica de María del Carmen Alva y la obsecuencia de los congresistas de Perú Libre.

El 28 de julio de 2021, día en que asumieron sus cargos, los cuatro congresistas renunciaron al cobro de pensiones por sus años de servicio en la Marina de Guerra y el Ejército, respectivamente. No fue un acto voluntario, sino más bien el cumplimiento de una disposición contenida en la Ley Nº19846, según la cual los militares y policías en retiro “solo pueden percibir simultáneamente una pensión y un sueldo del Estado, cuando uno de ellos provenga de servicios docentes prestados a la enseñanza pública”.

La disposición, por cierto, también afectaba al congresista y suboficial de la PNP en retiro, Alfredo Azurín (Somos Perú).

Pero su suerte comenzó a cambiar dos meses después, a partir de la presentación de un proyecto de ley de la entonces presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular).

El proyecto de Alva no buscaba tumbarse la mencionada disposición, sino ampliar el número de beneficiarios de una excepción que surgió de la aprobación de dos leyes. La primera, de 2013, autorizó el cobro simultáneo de pensión y sueldo del Estado para militares y policías en retiro que fueran contratados “para prestar servicios en áreas vinculadas con la seguridad ciudadana y la seguridad nacional”.

La segunda ley, aprobada en 2017, amplió el alcance de la primera al añadir el rubro de “servicios administrativos”.

El proyecto de ley presentado por Alva, con el respaldo de la bancada de Acción Popular, buscaba la percepción de sueldo y pensión simultánea para militares y policías en retiro que fueran contratados en todas las áreas del Estado y no solo en servicios específicos.

El proyecto fue presentado el 29 de septiembre de 2021, cinco días después de la conmemoración del día de las Fuerzas Armadas. Una semana después, el 6 de octubre, fue derivado para su revisión a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, que presidía José Williams y que tenía como secretario a Jorge Montoya, además de estar integrada por José Cueto, Roberto Chiabra y Alfredo Azurín.

Fue entonces que el proyecto comenzó a sufrir dramáticas modificaciones en cuestión de meses.

En las semanas que siguieron, la Comisión solicitó la opinión de los ministerios de Defensa, Interior, Trabajo y Promoción del Empleo, la Presidencia del Consejo de Ministros, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), la Asociación de Municipalidades del Perú, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y la Caja de Pensiones Militar-Policial.

La gestión resultó ser un mero saludo a la bandera, pues el 19 de noviembre, sin dar tiempo a que todas las instituciones respondan a la solicitud, el congresista José Cueto exigió la priorización del debate de la propuesta.

Para entonces, solo el Ministerio de Trabajo y la Caja de Pensiones Militar-Policial habían enviado sus opiniones. El primero se declaró incompetente para pronunciarse sobre la materia y sugirió consultar con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Servir. La segunda alegó no contar con todos los elementos para determinar el impacto económico de la propuesta, por lo que —al igual que el anterior— aconsejó consultar con el MEF.

Pero, haciendo caso omiso a las recomendaciones, la Comisión encabezada por Williams elaboró un dictamen tomando como única base el proyecto de Alva.

Lo llamativo es que el dictamen, a diferencia del proyecto original, contenía dos precisiones. La primera precisión estaba referida al ámbito de aplicación de la norma:

Con esta modificación, Montoya, Cueto, Williams y Chiabra, así como Azurín quedaron, en teoría, habilitados para cobrar su sueldo como congresistas al igual que sus respectivas pensiones de jubilación.

Pero para llevar esto a la práctica, también se requería modificar un aspecto que no había sido abordado en el proyecto de Alva. Si bien la congresista había propuesto la percepción de sueldo y pensión simultánea para militares y policías en retiro que fueran contratados en todas las áreas del Estado, su proyecto no decía nada sobre el tope de ingresos establecido para funcionarios y servidores del estado fijado en el artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº038-2006, según el cual el funcionario o servidor del estado no podía percibir ingresos mensuales mayores a seis Unidades de Ingreso del Sector Público (15,600 soles, de acuerdo con cifras actualizadas a 2024).

La aplicación del tope de ingresos para militares y policías en retiro que deseaban volver a ser contratados en el Estado quedó establecida por Servir cuando, ante una consulta del Fondo de Apoyo Gerencial del Sector Público, emitió un informe en el que concluyó que “no resulta posible que producto de la suma de dichos conceptos se pueda percibir un monto superior al tope previsto en el artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 038-2006”.

Esto no representaba un problema para los pensionistas que buscaban un complemento para sus exiguos ingresos, pero sí para los congresistas.

Antes de convertirse en parlamentarios, los cuatro militares en retiro recibían una pensión de alrededor de 8,500 soles. Eso, sumados a su compensación en el Parlamento (alrededor de 26,000 soles entre sueldos, asignación por funciones de representación y bonos), hacen un total de 34,500 soles, más del doble del tope máximo.

En el caso de Azurín, antes de ser parlamentario, recibía una pensión de 2,650 soles que, sumados a su nueva compensación (26,000 soles mensuales entre sueldos y bonos), hacen un total de 29,000 soles, casi el doble del tope máximo.

La única forma de que los congresistas pudieran cobrar  íntegramente una pensión y un sueldo al mismo tiempo era exceptuándolos del Tope de Ingresos establecido por ley.

Eso, coincidentemente, es lo que estipuló la segunda precisión al dictamen elaborado por la Comisión de Defensa:

Es así como, el 6 de diciembre, el dictamen se presentó durante la novena sesión ordinaria de la Comisión.

A la mitad de aquella breve sesión, que se llevó  a cabo a través de la plataforma Microsoft Teams, el general Williams, en ese momento presidente de la Comisión, dio lectura al dictamen, aunque de manera resumida.

Tras una breve intervención del congresista Cueto, quien defendió la propuesta usando como pretexto a los militares y policías en retiro con bajos ingresos, Williams llamó a votación.

Los cuatro militares, además de Azurín, votaron a favor pese a que la ley los beneficiaba directamente. Los otros congresistas que dieron luz verde al proyecto fueron Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Lucinda Vásquez (Perú Libre); Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular), y Pedro Martínez (Acción Popular). El único congresista que se abstuvo de votar fue Segundo Montalvo, miembro de la bancada de Perú Libre.

Con ello, la propuesta quedó lista para ser debatida en el Pleno del Congreso, pero no se retomaría hasta la siguiente legislatura, que comenzó el 1 de marzo de 2022.

La fecha escogida para el debate se sintió estratégica.

El 28 de abril de 2022, el Congreso organizó un homenaje por el 25 aniversario de la operación de rescate de rehenes Chavín de Huántar. El evento contó con la presencia de Alva, la entonces presidenta del Parlamento, y de Williams, de la Comisión de Defensa. Ambos condecoraron esa mañana a cerca de treinta integrantes del comando en el patio central del Parlamento.

Por la noche, Alva y Williams volvieron a coincidir en la décima sesión del Pleno del Congreso. Ese fue el inicio de la puesta en escena.

Alrededor de las 9 y 30 de la noche, desde la mesa directiva, Alva ordenó que se diera lectura al siguiente tema. Se trataba nada menos que de su propia iniciativa legislativa, aprobada por mayoría en la Comisión de Defensa.

Alva cedió entonces la palabra a su colega Patricia Juárez (Fuerza Popular), miembro titular de dicha comisión, quien sustentó el proyecto.

Al culminar su intervención, Medina envió su propuesta de texto sustitutorio al presidente de la Comisión de Defensa, José Williams, quien aprobó los cambios en pleno debate a las 9 y 53 de la noche, según el acta correspondiente.

A esa misma hora, el almirante Cueto tomó la palabra en el hemiciclo. Habiendo solicitado que se priorice el debate de la mencionada ley y habiendo opinado a favor de ella en comisión, Cueto saludó la iniciativa pero anunció que se abstendría de votar por ser “partícipe” de esta.

Alfredo Azurín, otro de los beneficiados, también se abstuvo de votar, aunque pidió a sus colegas “hacer lo correcto”.

Finalmente, intervino el general Williams, quien pidió a sus colegas aprobar la norma en nombre de los suboficiales de segunda, tercera y subalternos del Ejército. También se abstuvo de votar.

La norma, con las modificaciones hechas por Medina en su texto sustitutorio, fue aprobada a las 10 y 42 de la noche con 87 votos a favor, 19 votos en abstención y un solo voto en contra, el de la congresista perulibrista Margot Palacios.

Tras ello, la norma fue enviada al Ejecutivo y fue publicada en el diario El Peruano el 14 de mayo de 2022.

Casualmente, uno de los primeros en saludar la ley fue el entonces ministro de Defensa, José Luis Gavidia. Como contralmirante de la Marina de Guerra en situación de retiro y al ser un funcionario “de confianza”, Gavidia era un potencial beneficiario con la norma, aunque solo duró en el puesto de ministro hasta el 22 de agosto de ese año. Lo mismo ocurrió con sus sucesores en el cargo, el general del Ejército en situación de retiro Richard Tineo y el capitán de la Fuerza Aérea, también en situación de retiro, Daniel Barragán. No obstante, ambos duraron menos de un mes en el cargo.

¿Qué ocurrió inmediatamente después con los congresistas?

El 18 de julio de 2023, este medio consultó por transparencia al Ministerio de Defensa si los congresistas Jorge Montoya, José Cueto, José Williams y Roberto Chiabra se encontraban percibiendo sus pensiones de jubilación. La respuesta a dicha solicitud llegó siete meses después, el 8 de febrero de este año. La respuesta, aunque escueta, resultó reveladora.

El congresista Azurín también recobró su pensión de la Caja de Pensiones Militar-Policial. El trámite se hizo al día siguiente de la promulgación de la ley.

En cuanto a Alva, a inicios de junio de 2022, algunos días después de la promulgación de la ley, el semanario Hildebrandt en sus trece difundió audios de la congresista. Entonces, Alva buscaba ser reelegida presidenta del Congreso y especulaba sobre la posibilidad de un tercer intento de vacancia contra el expresidente Pedro Castillo. La congresista aseguraba que la salida de Castillo no supondría una convocatoria a elecciones generales en las que los actuales congresistas tendrían que dejar sus cargos.

En ese contexto, Alva recordó el cierre del Congreso de 2020. La congresista dijo que la medida había tenido éxito gracias a que Vizcarra “se tomó la foto con las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas estaban con Vizcarra. Ahora las Fuerzas Armadas están con nosotros”. 

IDL-R intentó contactar a los congresistas aludidos en la nota para obtener sus descargos, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.