Actividad minera ilegal conlleva riesgos a la seguridad de pobladores de la fronteras entre Carabaya y Sandia.

• La Defensoría del Pueblo, ha solicitado la intervención del Gore Puno y la Fiscalía de la Nación.

Jacinto Ticona Huamán, jefe de la Oficina Defensorial de Puno, informó que se le ha pedido al Gobierno Regional de Puno, mediante un oficio, que retome urgentemente el proceso de diálogo con las autoridades de las provincias de Sandia y Carabaya, pues existe un conflicto limítrofe que involucra a los distritos de Limbani y Coasa.

Señaló que este problema causó dos muertes y cuatro heridos. Por tal motivo, la Defensoría del Pueblo hizo otra solicitud para que este hecho se investigue en la Fiscalía Provincial Penal de Carabaya. “Hay intereses ocultos. (…) Es probable que el dinero haya motivado esta situación”, manifestó y recordó que hace dos meses hubo un caso similar en el que se enfrentaron ciudadanos de Patambuco y Alto Inambari.

Incluso, Ticona dejó en claro que esto sucede por la explotación minera, tanto ilegal como informal. “Yo creo que esto es lo que sería (el motivo de los conflictos)”, mencionó y añadió que la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Puno le precisó que en la zona selvática del departamento no opera la minería formal.

“Eso significa que la minería en la selva es ilegal o informal”, detalló y acotó que seguramente algunos se encuentran en proceso de formalización. Justamente, exclamó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ya debería agotarse, porque está generando más inconvenientes de los que se esperaban. “El Poder Ejecutivo debe analizar cuán viable es esto”, declaró.