Jacinto Ticona Huamán, jefe de la Oficina Defensorial de Puno, comunicó que, según el último reporte de marzo, la región registra 16 conflictos sociales (15 activos y uno latente), lo que la ubica en el tercer lugar a nivel nacional.

A pesar de este panorama, dijo que la gente se está recuperando económicamente en comparación con lo sucedido el año pasado. “Se ha llegado a un cansancio, por lo que las convocatorias de manifestaciones vinculadas a crisis política no están resultando”, comentó y recordó que en el 2023 las actividades locales se paralizaron por alrededor de 45 días.

Respecto a los conflictos socioambientales, expresó que aproximadamente el 70 % del total son de este tipo e indicó que se ubican principalmente en las cuencas: Llallimayo, Ramis, Suches y Coata.

Explicó que en esas zonas la población sostiene que las protestas son sobre límites territoriales; pero, se sabe que el problema real es el daño ecológico que causan los mineros informales e ilegales. “Se trata de una agenda oculta, en el fondo”, señaló.

Finalmente, manifestó que hay siete casos que están en observación y mencionó que el malestar del pueblo puneño en contra del Gobierno aún se mantiene, por lo que no descartó que se incrementen los conflictos sociales en los siguientes meses.